Privilegio terapéutico y derecho a no saber
- Tema
Rara vez el médico puede retener información si decirla causaría un daño grave; y el paciente puede pedir no ser informado.
Qué es
El privilegio terapéutico permite al médico retener una información cuando hay evidencia convincente de que revelarla causaría un daño real y previsible al paciente, por ejemplo, que un paciente deprimido pase a tener un riesgo activo de suicidio. Es una excepción muy estrecha y fácil de abusar: no basta con que la noticia sea triste o que la familia lo pida. Distinto es el derecho a no saber: un paciente capaz puede decidir, de forma informada, no recibir cierta información o que otra persona la reciba y decida por él. En Colombia, la Ley 23 de 1981 pide evitar comentarios que despierten preocupación (art. 11), pero la Ley 1751 de 2015 garantiza la información suficiente para decidir.
Privilegio terapéutico frente a derecho a no saber
| Rasgo | Privilegio terapéutico | Derecho a no saber |
|---|---|---|
| Quién decide | El médico | El paciente |
| Fundamento | Evitar un daño grave y previsible | Respeto a la autonomía |
| Frecuencia | Muy rara | Poco común, pero legítima |
| Requisito | Evidencia del daño, registro y revisión | Decisión informada y libre del paciente capaz |
En la práctica clínica
- «Doctor, no quiero saber los detalles; hable con mi hijo»: se respeta, se registra y se ofrece volver a hablar cuando el paciente quiera.
- Un paciente con depresión grave e ideación suicida: se puede postergar parte de la información mientras se le protege, no ocultarla indefinidamente.
- El privilegio no permite hacer un procedimiento sin consentimiento de nadie: si el paciente no recibe la información, decide un representante.
- Se pregunta periódicamente si el paciente quiere saber más.
Marco legal en Colombia
- Ley 23 de 1981, art. 11: actitud de apoyo y evitar comentarios que despierten preocupación; art. 18: en situaciones graves, informar a familiares o allegados y al paciente cuando ello contribuya a resolver sus problemas.
- Decreto 3380 de 1981, art. 11: el médico queda exonerado de advertir el riesgo previsto si el estado mental del paciente y la ausencia de parientes o allegados lo impiden, o en urgencia; art. 12: debe dejar constancia en la historia clínica.
- Ley 1751 de 2015, art. 10 d): derecho a información clara, apropiada y suficiente para decidir.
- Textos oficiales verificados el 2026-11-05 en funcionpublica.gov.co.
Póngase a prueba
Piense la respuesta y toque la pregunta para verla.
¿Cuándo se justifica el privilegio terapéutico?
Solo cuando hay evidencia convincente de que revelar la información causaría un daño real y previsible al paciente, como un riesgo activo de suicidio.
¿Es privilegio terapéutico ocultar un diagnóstico porque la familia lo pide?
No. El pedido de la familia o la tristeza de la noticia no bastan; se conversa con la familia y se pregunta al paciente cuánto quiere saber.
¿En qué se diferencia el derecho a no saber del privilegio terapéutico?
En el derecho a no saber decide el paciente capaz, por autonomía; en el privilegio terapéutico decide el médico, para evitar un daño grave.
¿Qué exige el Decreto 3380 de 1981 cuando el médico no puede advertir el riesgo previsto?
Dejar constancia en la historia clínica de la advertencia o de la imposibilidad de hacerla (artículo 12).
Conexiones
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Contenido educativo sobre ética y derecho sanitario; no es asesoría legal. Las normas y la jurisprudencia cambian: cada página enlaza el texto oficial y dice cuándo se verificó. Ante un caso concreto, consulte el texto vigente y a un abogado o al tribunal de ética médica.
Fuentes: Truth-telling and Withholding Information (University of Washington, Department of Bioethics & Humanities, 2018); Informed Consent (University of Washington, Department of Bioethics & Humanities, 2018); Ley 23 de 1981, por la cual se dictan normas en materia de ética médica (Función Pública, Gestor Normativo, 1981); Decreto 3380 de 1981, por el cual se reglamenta la Ley 23 de 1981 (Función Pública, Gestor Normativo, 1981); Ley Estatutaria 1751 de 2015, que regula el derecho fundamental a la salud (Función Pública, Gestor Normativo, 2015).
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